México cuenta con una situación geográfica privilegiada y con un sistema de biodiversidad impresionante, necesario para nuestra economía e incluso para la de países vecinos. Convencido de la importancia de cuidar dicha biodiversidad, México ha adoptado compromisos internacionales, ya que las proyecciones y escenarios de sequias, inundaciones y desastres naturales en la próxima década, probablemente afectarán y causarán disrupción en las cadenas de producción y distribución debido al cambio climático, lo cual denota la urgente necesidad de adaptarnos e implementar medidas de mitigación en el corto y mediano plazo.
Lo anterior requiere un marco regulatorio sólido y de autoridades competentes en la materia. Si bien Europa y Estados Unidos nos llevan más de una década de ventaja en esto, México ha estado diseñando, desde hace unos años, una estrategia integral en materia Ambiental, Social y de Gobernanza Corporativa (ASG) la cual revisaremos a continuación.
¿Cómo se encuentra México en Materia ASG?
En el 2020, se creó un Comité de Finanzas Sostenibles dedicado y experto en materia ASG, el cual tiene como principal objetivo analizar y emitir recomendaciones respecto finanzas sostenibles que contribuyan a la estabilidad del sistema financiero y a la movilización de capitales hacia proyectos con efectos medioambientales y sociales positivos para México.
Dicho Comité, está presidido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”) y está integrado por el Banco de México (“Banxico”), la Comisión Nacional Bancaria y Valores (“CNBV”), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (“CNSF”), la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (“CONSAR”) y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (“IPAB”), junto con 6 observadores independientes del sector privado, como lo son la Asociación de Bancos México (“ABM”), la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (“AMIS”), la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (“AMAFORE”), la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (“AMIB”), la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado (“AMAI”) y el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles (“CMFS”). Contamos con un sólido andamiaje para la implementación de la regulación necesaria. ¿En dónde estamos y hacia dónde vamos?
El Comité cuenta con cuatro grupos de trabajo: (i) Taxonomía sostenible, (ii) Medición e incorporación de riesgos ASG, (iii) Movilización de capitales, y (iv) Divulgación de información y adopción de estándares ASG. Cada uno de estos grupos de trabajo ha llevado a cabo una serie de medidas y acciones tendientes a blindar al sistema financiero ante riesgos climáticos y convertirlo en un promotor de un enfoque de finanzas sostenibles que permee en el resto de la economía.
¿Con qué Marco Regulatorio contamos en México?
El marco regulatorio en México es amplio y muy rico, particularmente respecto a sus pilares Ambiental y Social; en el pilar de Gobernanza Corporativa está limitado y lamentablemente algunas empresas y consejos de administración, se siguen manejando en México de manera controlada e incluso cerrada por la naturaleza familiar de algunos casos; es solo a través de la implementación de mejores prácticas que los negocios están encontrando las ventajas de adoptar medidas de sostenibilidad para el incremento de la productividad y la reducción de contingencias. El pilar Social abarca temas de suma importancia que pocos conocen, desde el impacto in situ donde se lleve a cabo un proyecto, las consultas a las comunidades indígenas, la defensa de los derechos humanos y no discriminación, la diversidad e inclusión alineada al negocio y en los consejos de administración, y especialmente tras las reformas de la presente administración en materia laboral, la importancia de la salud y la seguridad en el trabajo, el protocolo para eliminar la violencia laboral, hasta la ciberseguridad, la protección de datos personales y los planes de continuidad de negocio ante desastres. Todo lo anterior ya se encuentra debidamente regulado y se espera se sigan reformando temas sociales como la reducción de brecha salarial y el incremento en la incapacidad por paternidad.
Para fomentar la sostenibilidad en nuestro país, el Gobierno de México ha implementado un marco normativo, programático y evolutivo que considera las condiciones socioambientales del país y que buscan atender las principales prioridades nacionales, tales como son:
– El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
– La Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030.
– El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024.
– El Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024.
Contamos con una Ley General de Cambio Climático, la cual fue publicada el 6 de junio de 2012 y reformada en el 2023, es un ordenamiento de orden público, de interés general y observancia en todo el territorio nacional, que establece disposiciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático en nuestro país.
Es reglamentaria de las disposiciones de nuestra Constitución Política en materia de protección al ambiente, desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico. Garantiza el derecho a un medio ambiente sano promoviendo que las entidades federativas y los municipios, elaboren y apliquen políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases efecto invernadero.
Gracias a que México cuenta con un Atlas de Riesgo y con un Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, documentos dinámicos que orientan la realización de estrategias dentro del proceso de planeación y adaptación al cambio climático, es que contamos con herramientas indispensables para la toma de decisiones identificando los municipios y las vulnerabilidades a las que se encuentran expuestos. Más de la mitad del territorio en nuestro país, es decir el 59% de los municipios en Mexico, es decir, 1448 municipios presentan “muy alta” y “alta” vulnerabilidad en por lo menos 1 de las 6 vulnerabilidades específicas: ambiental y ecológica, física, económica, social, educativa, cultural e ideológica, política e institucional, y, científica y tecnológica.[1]
La Ley General de Cambio Climático regula las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, crea y fortalece las capacidades nacionales de respuesta ante el cambio climático, fomenta la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación a este fenómeno, promueve la transición hacia una economía competitiva, sustentable, de bajas emisiones de carbono y resiliente a los fenómenos hidrometeorológicos extremos asociados al cambio climático, de tal manera y en base a todo lo anterior, logra establecer las bases para que México contribuya al cumplimiento del Acuerdo de París. Asimismo, en materia ambiental contamos con un marco regulatorio amplio y muy completo que es indispensable conocer para reducir contingencias.
¿Qué detonó la Movilización de Capital a Proyectos ASG?
Lo que detonó la movilización de capital de forma más seria y contundente a proyectos y actividades con enfoque ASG, fue cuando la CONSAR emitió en 2019 regulación de carácter obligatorio, para que las Afores a partir del 1º de enero de 2022, divulgarán información sobre la consideración de factores ASG en materia de inversiones, riesgos, transparencia y uso de derechos corporativos. Este fue el primer ordenamiento obligatorio para que las administradoras de pensiones incluyeran de forma real y eficiente criterios ASG en sus decisiones de inversión, creando un círculo virtuoso a través del cual los proyectos y empresas en las que se invirtió comenzaron a solicitar misma información ASG que se les requería, a sus grupos de interés: proveedores, cadena de valor, entre otros.
En 2022, la CNBV lanzó una Herramienta de autodiagnóstico de factores ASG y riesgos relacionados con el clima para emisoras y entidades financieras con la finalidad de sensibilizar a dichos actores para la integración y revelación de información ASG, de cara a futura regulación en la materia. Ciertamente las autoridades han venido preparando el camino para la regulación que para finales de este año esperamos la SHCP emita.
¿Cómo funciona la Taxonomía Sostenible en México?
El 23 de marzo del 2023 se emitió la primera Taxonomía Sostenible para México, si bien es de adopción voluntaria, es un referente para la movilización de capital. Simplemente al cierre del 2023, México tuvo el récord en financiamiento sostenible con 131 emisiones de bonos temáticos con $119 millones de pesos distribuidos a través de 40 emisiones superando en un 48% la cantidad del año anterior. [2]
Una taxonomía es un sistema de clasificación confiable, legítimo y unificado, que permite identificar activos o proyectos de inversión con impactos medioambientales y sociales positivos, con base en metas y criterios establecidos. El objetivo es proporcionar certidumbre y transparencia a los mercados financieros, fomentar la inversión en actividades sostenibles y dar un mejor seguimiento a los flujos de financiamiento destinados a la sostenibilidad, proporcionando mayor claridad, certeza y seguridad a los mercados con definiciones precisas y consistentes. Es difícil ver con las tendencias arriba mencionadas, que futuros financiamientos o bonos no tengan contemplado ya una etiqueta de sostenibilidad.
La Taxonomía Sostenible de México incluye 124 actividades elegibles en 6 sectores económicos perfectamente identificados, así como sus respectivas métricas, umbrales y criterios de no daño significativo (NDS), y presenta los criterios de evaluación técnica (CET) para las actividades relacionadas con los objetivos de adaptación y mitigación del cambio climático. Todo esto con el objetivo de sentar las bases para el fomento a la movilización de capitales hacia proyectos con impacto medioambiental y social positivos, brindar certidumbre y transparencia al sistema financiero mexicano, contribuir al cierre de brechas sociales, reducir y mitigar las vulnerabilidades ante el cambio climático. Es pionera, ya que a diferencia de la Taxonomía Verde de Colombia, que se concentra en lo Ambiental, la de México reconoce la gran necesidad de reducir las brechas sociales e incluye un Índice de Igualdad de Género.
En septiembre de 2023, la SHCP presentó la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible (“EMFS”) que busca promover la transformación del sistema financiero mexicano hacia un desarrollo más sostenible, equitativo e incluyente, mediante el incremento masivo de financiamiento sostenible público y privado. La EMFS se basa en tres pilares: (i) Gestión financiera pública sostenible, (ii) Movilización de financiamiento sostenible, y (iii) Acciones transversales.
En el plano internacional, el pasado 1º de enero de 2024 entraron en vigor las Normas Internacionales de Sostenibilidad (NIIF SI y NIIF S2) las cuales requieren que una entidad revele información financiera sobre sus riesgos y oportunidades relacionados con sostenibilidad, lo cual se espera razonablemente afecte sus flujos de efectivo, su acceso al financiamiento y su costo de capital a corto, mediano y largo plazo. Dicha información será indispensable para los usuarios primarios de la información financiera en su toma de decisiones relacionada con proveer recursos.
En México, se ha venido trabajando en las “Normas generales para la revelación de información de sostenibilidad” o NIS 1 y NIS 2 las cuales entrarán en vigor el 1º de enero de 2025. El CINIF, organismo independiente creado desde el 2004, es el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera que, en congruencia con la tendencia mundial, asume la función y la responsabilidad de la emisión de la normatividad contable en México. Las NIS deberán ser observadas por entidades tanto públicas como privadas y deberán divulgar a partir del próximo año, 30 indicadores en materia Ambiental, Social y de Gobernanza Corporativa, información de sostenibilidad cuyos usuarios primarios serán inversionistas y acreedores, así como entidades involucradas en su cadena de valor. Con el propósito de generar impacto y poder hacer uso de dicha información, la misma deberá ser comparable, verificable, oportuna y comprensible. La información que toda empresa deberá difundir variará desde el manejo de residuos, y uso de energía renovable, hasta como se lleva a cabo la gestión sobre igualdad de oportunidades para un trabajo digno y reducción de brecha salarial, así como diversidad en consejeros independientes y códigos de integridad y ética sólidos, hasta temas indispensables dado el avance de la tecnología como son seguridad de la información y protección y privacidad de datos de terceros.
Un avance adicional es la publicación el 11 de agosto de 2023, las «Modificaciones a las Disposiciones de carácter general que establecen el Régimen de Inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro” mediante las cuales se permite a las Afores dar evidencia del cumplimiento de los criterios establecidos por el Comité de Análisis de Riesgos. Reconociendo que las Afores requieren de herramientas para afrontar posibles eventos que pongan en riesgo (i) sus operaciones en los procesos de inversión, (ii) los procesos de administración de riesgos financieros, (iii) su sistema de monitoreo de valores, se precisaron los lineamientos con respecto a la mitigación del riesgo operativo, de tal modo, que gracias a estas modificaciones se deberá contar con (i) un Plan de Continuidad de Negocio (Business Continuity Plan o BCP, por sus siglas en inglés) el cual debe permitir la continuidad en la prestación de los servicios y realización de los procesos críticos de la Afore respectiva y sus sociedades de inversión, así como el restablecimiento oportuno y mitigación de las afectaciones ante un desastre, y un (ii) Plan de Recuperación de Desastres (Disaster Recovery Plan o DRP, por sus siglas en inglés), el cual es un conjunto de procesos y procedimientos para proteger y contar con la capacidad de recuperar las tecnologías de la información de la Afore respectiva y de sus sociedades de inversión en caso de un desastre. Asimismo, se establecen los criterios de selección y alineación a la Taxonomía Sostenible de México, logrando vincular ambos ordenamientos y fortaleciendo el marco de divulgación de información sostenible. Con estas modificaciones se logra una mejor protección de los recursos de los trabajadores y la reducción del impacto por contingencias.
¿Qué se espera en un futuro en materia regulatoria?
Cerró el 2023 con broche de oro en materia ASG, la Ley del Mercado de Valores (LMV) y la Ley de Fondos de Inversión (LFI) fueron modificadas el 28 de diciembre de 2023, siendo de especial interés el artículo 9 de la LMV mediante el cual la SHCP, previa opinión de la CNBV, “deberá establecer disposiciones de carácter general en las materias de desarrollo sustentable y sostenible, así como para fortalecer la equidad de género, orientadas a promover, informar y evaluar la adopción de mejores prácticas en dichas materias por parte de las sociedades anónimas bursátiles, sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil, emisoras, emisoras simplificadas, casas de bolsas, bolsas de valores, instituciones para el depósito de valores, contrapartes centrales de valores, proveedores de precios, sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con valores e instituciones calificadoras de valores”. Destaca el hecho que sea la SHCP la que autoridad facultada para emitir las disposiciones secundarias lo cual deberá suceder antes del 29 de diciembre de 2024.
Durante el 2024 veremos ciertamente actividad en materia regulatoria ASG en México y será un año para preparar a las empresas, negocios, centros de trabajo y consejos de administración en materia ASG. Si bien en algunos países como Estados Unidos el tema ASG se politiza dependiendo la época electoral, es un hecho que el caso de negocios a nivel mundial está probado y los beneficios comprobados, tanto por los países más adelantados en estos temas, como por las empresas que han implementado políticas ASG: beneficios como mayor productividad, reducción de contingencias, atracción de talento, mayor innovación y creatividad. Los efectos por cambio climático causarán disrupciones en las cadenas de producción y distribución, e incrementarán la incidencia de desastres naturales en la próxima década, por lo que contar con políticas ASG será indispensable para superar como país y como negocio dichas afectaciones.
[1] Ver reporte publicado en enero 2022 “Municipios Vulnerables al Cambio Climático con Base en los Resultados del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático” (ANVCC).
[2] “Récord en bonos temáticos 2023: BMV lidera financiamiento Sostenible en México” del 26 de enero de 2024, El Economista.