Nueva Ley General de Economía Circular

El 19 de enero de 2026, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que expide la Ley General de Economía Circular (“LGEC“), la cual establece obligaciones y mecanismos de cumplimiento principalmente para empresas, importadores y autoridades en los tres niveles de gobierno.

1. Objeto. La LGEC es una ley de orden público y aplicación general, enfocada en la conservación ambiental a través de la economía circular durante todo el ciclo de vida de productos y materiales. Esta ley define conceptos clave y principios como la jerarquización de residuos, trazabilidad, gradualidad, reparabilidad e innovación, que guían, tanto las políticas públicas, como las obligaciones empresariales.
2. Responsabilidad Extendida del Productor y Cumplimiento. La responsabilidad extendida del productor (“REP”) es el régimen mediante el cual los fabricantes e importadores asumen responsabilidad ambiental por los productos que producen y comercializan desde su diseño hasta el final de su vida útil. 
3. Obligaciones de los Sujetos Obligados. Para cumplir con la REP, los sujetos obligados deben diseñar, registrar e implementar un plan de manejo aprobado por la autoridad ambiental. Dicho plan debe incluir metas y acciones para prevenir la generación de residuos y facilitar el reúso, la reparación, la recolección, el reciclaje y, en su caso, la adopción de medidas de compensación. La REP complementa, sin sustituir, las obligaciones de los consumidores y las autoridades.

Adicionalmente, la REP puede cumplirse directamente por la empresa o indirectamente mediante acuerdos con terceros. En casos de impedimentos justificados, la autoridad podrá autorizar medidas de compensación ambiental proporcionales, que pueden incluir restauración, conservación, reparación del daño, reforestación, reducción de emisiones o el uso de instrumentos financieros certificados.

4. Prohibiciones para los Sujetos Obligados. La LGEC establece prohibiciones específicas para combatir el “greenwashing”, sancionando, entre otras conductas, (i) la generación o uso de información falsa sobre las características ambientales de productos o sobre procesos presuntamente alineados con criterios de economía circular; y (ii) el uso no autorizado de sellos, logotipos o certificaciones ambientales, o etiquetas que puedan confundir a los consumidores. Esto exige que los sujetos obligados garanticen la trazabilidad y veracidad en sus comunicaciones comerciales y de cumplimiento normativo. 

La LGEC impone un nuevo estándar nacional que exige a las a empresas y sectores regulados integrar la gestión de circularidad como un eje transversal en todas las etapas del ciclo de vida de sus productos y materiales. Este nuevo estándar impacta desde el diseño y la cadena de suministro hasta el etiquetado, la mercadotecnia, las compras públicas y los reportes regulatorios.