Reformas a la Ley Antilavado
El día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (la “Ley Antilavado”), así como del artículo 400 bis del Código Penal Federal.
Al respecto, dentro de los puntos más relevantes de la reforma se encuentran los siguientes:
- Se establece que los fideicomisos que realicen alguna actividad vulnerable serán considerados sujetos obligados al cumplimiento de la Ley Antilavado.
- Se establece que las sociedades mercantiles en general, deberán identificar a sus beneficiarios controladores, así como presentar avisos sobre la transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre los títulos representativos de partes sociales o acciones y registrar la información correspondiente en el sistema que determine y opere la Secretaría de Economía, conforme a los lineamientos que expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De igual forma, se determina que las sociedades y asociaciones civiles deberán identificar a sus beneficiarios controladores de acuerdo con las reglas secundarias que, en su caso, sean emitidas.
- Se incluye la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de ordenar a quienes realicen actividades vulnerables para suspender de manera temporal cualquier tipo de actos u operaciones con determinadas personas.
- Se incluye como una nueva actividad vulnerable “la recepción de recursos que se destinen para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario cuya finalidad sea su venta o renta”.
- Se detalla que la actividad vulnerable relacionada con los servicios de comercio exterior, podrá ser realizada por las agencias aduanales, en adición a los agentes o apoderados aduanales.
- En relación con las operaciones con activos virtuales, se aclara que será considerada como actividad vulnerable cuando las operaciones se realicen con ciudadanos mexicanos aun y cuando los servicios sean prestados desde otra jurisdicción.
- De igual forma, respecto de activos virtuales, se modifica el umbral de presentación de avisos por las operaciones realizadas con clientes o usuarios para quedar en 210 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, se incluye como nuevo supuesto de aviso el cobro de contraprestaciones por cantidades iguales o superiores a 4 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
- Se establece la obligación de enviar un Aviso dentro de las 24 horas siguientes a que se conozcan actos u operaciones que pudieran estar vinculados con delitos como el lavado de dinero.
- Se establece la obligación de llevar a cabo una evaluación con un enfoque basado en riesgos para identificar, analizar, entender y mitigar los riesgos a los que se encuentran expuestos los sujetos obligados.
- Se incluye la obligación de identificar y dar seguimiento a los actos u operaciones realizados con Personas Políticamente Expuestas.
- Se establece la obligación de contar con procedimientos de selección de personal, así como de impartición de cursos anuales en materia de prevención de lavado de dinero para los empleados e integrantes de los órganos de administración .
- Se incluyen las obligaciones de contar con mecanismos automatizados para monitorear los actos u operaciones que se realicen con clientes y usuarios, así como de realizar una auditoría anual regulatoria para evaluar el cumplimiento de la Ley Antilavado y sus regulaciones secundarias.
- Se establecen supuestos para la regularización en el cumplimiento de las obligaciones de la Ley Antilavado.
En términos generales, las reformas antes mencionadas entran en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. No obstante, se da un plazo de hasta 12 meses para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública emita las modificaciones correspondientes a la regulación administrativa secundaria.
La información anteriormente proporcionada destaca los temas que se consideran más relevantes sobre las reformas a la Ley Antilavado. En Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., contamos con un equipo altamente especializado que continuará dando seguimiento a las reformas antes mencionadas, con la intención de poder brindar a sus clientes orientación y apoyo oportunos.