Nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

El 28 de noviembre del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto mediante el cual se expidió la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (en lo sucesivo la “Ley”), misma que entró en vigor un día después de su publicación.

La Ley tiene por objeto principal establecer la concurrencia y coordinación de la Federación, Entidades Federativas, Municipios y demás demarcaciones territoriales, a fin de ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos.

La Ley establece, entre otros, los siguientes temas de interés:

1. Tratándose de acciones, proyectos u obras que se encuentren ubicados en zonas de “alto riesgo” conforme a los planes o programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial aplicables, previo a otorgar licencias relativas a uso de suelo y construcciones, las autoridades facultadas deberán solicitar un estudio de prevención de riesgos para identificar que se hayan realizado las medidas de mitigación adecuadas. Aun cuando no exista regulación expresa, las obras e instalaciones siguientes deberán contar con estudios de prevención de riesgo:I. Infraestructura portuaria, aeroportuaria y las vías generales de comunicación;
   II. Ductos y redes de infraestructura vial, hidráulica y de energía primaria;
   III. Instalaciones de tratamiento, confinamiento, eliminación o disposición de residuos peligrosos y municipales;
   IV. Los equipamientos de propiedad pública donde se brinden servicios de salud, educación, seguridad, transporte y abasto, y
   V. Las instalaciones de almacenamiento, confinamiento, distribución, venta o transformación de combustibles.
2.  Cuando un determinado predio se encuentre localizado en una zona de reserva territorial, la Federación, Entidades Federativas, Municipios y demás demarcaciones territoriales, tendrán, en los términos de las leyes federales y locales correspondientes, el derecho de preferencia para adquirir dicho predio, para destinarlo a la constitución de un espacio público.
3. Para la ejecución de planes o programas de desarrollo urbano, las Entidades Federativas, Municipios y demás demarcaciones territoriales, podrán promover entre propietarios e inversionistas la integración de la propiedad requerida mediante el reagrupamiento de predios. Una vez ejecutada la acción urbanística, los propietarios e inversionistas procederán a recuperar la parte alícuota que les corresponda, ya sea en tierra, edificaciones o en numerario, acorde a los convenios que al efecto se celebren.
4. Serán nulos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad o cualquier otro derecho relacionado con la utilización de áreas y predios que:

   I. Contravengan disposiciones de los planes o programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, tales como provisiones, usos de suelo, reservas o destinos que se establezcan;
   II. No contengan las inserciones relacionadas con las autorizaciones, licencias o permisos para la acción urbanística que proceda, y
   III. Los actos jurídicos de traslación de dominio que se realicen sin respetar el derecho de preferencia mencionado en la Ley.

   La nulidad a que se refiere este numeral, será declarada por las autoridades competentes. Dicha nulidad podrá ser solicitada por la instancia de procuración de justicia mediante el ejercicio de la denuncia popular o a través de los procedimientos administrativos regulados en la legislación local.

5. Las inscripciones de los registros públicos de la propiedad, así como las cédulas catastrales, deberán especificar en su contenido, los datos precisos de las zonificaciones, limitaciones, restricciones y reglas de aprovechamiento contenidas en los planes y programas de Desarrollo Urbano que apliquen a la propiedad inmobiliaria.

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016